La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha creado una nueva unidad dentro del Ministerio de Transición Ecológica para tramitar la «ingente» cantidad de proyectos de energías renovables que, tras obtener en enero una declaración de impacto ambiental positiva tienen ahora solo dos años para cumplir con los distintos hitos administrativos para estar construidos y conectados a la red antes de junio de 2025. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes una Orden de Ribera por la que se crea la División de Proyectos de Energía Eléctrica que dependerá de la a Dirección General de Política Energética y Minas de la Secretaría de Estado de Energía. Se encargará del acompañamiento de todos los pasos administrativos y autorizaciones que, en distinta medida, tienen que ir obteniendo los 990 proyectos eólicos y fotovoltaicos que en estos momentos permanecen abiertos en el Ministerio -es decir, lo que prevén una potencia instalada superior a 50 megavatios (Mw)-, que suman una potencia total de 90.000 Mw.

Contando con los proyectos de menor envergadura -de menos de 50Mw- cuyo expediente y autorizaciones es competencia de cada comunidad autónoma, el Ministerio eleva a una potencia total de 144.000 megavatios (114 gigavatios) la potencia que reúnen todos los proyectos que en estos momentos tienen permiso y acceso de conexión a red, el primer paso de un proceso de una decena de pasos, entre ellos autorizaciones de evaluación ambiental o permiso de obras para empezar su construcción. La orden compara esta cifra con los 45 gigavatios de potencia que ya hay instalada en los parques eólicos y fotovoltaicos que ya están en funcionamiento y señala que los 114 gigavatios que están en espera de tener todos los permisos superan también el objetivo de instalación de renovables que el Gobierno se fijó para 2030, 90 gigavatios, que serán revisados al alza en la actualización del Plan Nacional Integral de Energía y Clima (PNIEC) que ultima Transición Ecológica.

«El volumen de proyectos asociados a la transición ecológica ha desbordado a todos los organismos que participan en alguna fase de tramitación de los proyectos, lo que ha generado importantes retrasos en los tiempos de tramitación», reconoce el Ministerio en la Orden que ha publicado el BOE este martes. 

«Se ha multiplicado exponencialmente el número de proyectos de renovables a tramitar sin incrementarse los medios disponibles para su tramitación», prosigue para justificar la decisión de destinar más personal cualificado en una nueva unidad para encargarse de toda esta tramitación. Se trata de la segunda pata de una estrategia para acelerar la implantación de proyectos de renovables, junto con las modificaciones normativas para sustituir en algunos casos la declaración de impacto ambiental del Ministerio por un estudio sobre afectaciones ambientales elaborado por el promotor.

«Se plantea la necesidad de disponer de una unidad administrativa específica, con personal funcionario, dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, que permita acelerar la tramitación de los proyectos de renovables y contribuir en el corto plazo a una mitigación de los precios de la energía», dispone la Orden, que asegura que la medida no conllevará un incremento del gasto.

Las funciones de esta nueva Unidad serán la «tramitación de las autorizaciones administrativas previas, de construcción y de declaración de utilidad pública» de los proyectos eólicos y fotovoltaicos, así como elaborar «pronunciamientos sobre la adecuada constitución de las garantías para la tramitación y solicitud de accesos y conexión de las redes de transporte e instalaciones de producción de energía eléctrica en el ámbito de la Administración General del Estado».

Este equipo también coordinará las distintas áreas del Gobierno en materia de infraestructuras e instalaciones de energía eléctrica y llevará el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción de Energía Eléctrica.

Vía información 20minutos https://lnkd.in/dDPUFQp6